La Junta Directiva de FACUA aprueba por unanimidad no ceder a la amenaza de querella
La empresa pretende que la asociación deje de mencionarla después de que un juzgado admita a trámite la demanda por la subida de precios y 4 millones de afectados estén llamados a personarse.
La Junta Directiva de FACUA-Consumidores en Acción ha aprobado por unanimidad no ceder a la amenaza de Movistar de interponerle una querella si vuelve a mencionar su nombre. Es la respuesta de la multinacional ante el llamamiento de la asociación a los cerca de cuatro millones de afectados por la subida de Movistar Fusión para que se personen de manera gratuita en la demanda de FACUA, admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
Los trece miembros de la Junta Directiva de la asociación han rechazado acatar los requerimientos de Movistar y han decidido no sólo seguir adelante, sino intensificar el llamamiento a los afectados a personarse en el juzgado y reclamar el dinero que la empresa les ha cobrado de más. Este jueves, FACUA enviará la respuesta de su equipo jurídico a la amenaza de la empresa.
FACUA dio a conocer la amenaza en las redes sociales este martes con elhashtag #MordazaMovistar, que logró ser Trending Topic (uno de los diez temas más mencionados) en Twitter. La amenaza ha sido planteada por el apoderado general de Telefónica de España a través de un burofax recibido por la asociación este lunes.
En el escrito, la empresa requiere a la asociación que cese en «la utilización de nombres, marcas, signos y logotipos, o cualquier otro distintivo o identificación, titularidad de las empresas del Grupo Telefónica España». También emplaza a la asociación a que elimine de sus webs y perfiles en redes sociales cualquier alusión a las marcas de la multinacional. Además, le insta a que deje de mencionar a Movistar en la campaña con la que está llamando a los afectados a que se unan a FACUA para personarse en la causa judicial abierta contra la compañía por la subida de Movistar Fusión.
Telefónica de España pretende que FACUA no vuelva a mencionarla jamás en ninguna denuncia, estudio o valoración pública sobre las actividades de la compañía. La asociación considera que este intento de censura constituye el más grave atentado contra el derecho fundamental a la libertad de información emprendido por una empresa contra una organización defensora de los derechos de los consumidores.
Más de 3.800 usuarios piden sumarse a la demanda
Más de 3.800 usuarios han solicitado ya a FACUA personarse en la demanda contra Telefónica de España, que en septiembre de 2012 lanzó al mercado las tarifas Movistar Fusión con el compromiso de mantenerlas «para siempre», pero el pasado mayo aplicó un incremento de 5 euros mensuales.
Los afectados pueden sumarse a la plataforma para personarse en la causa a través de la web FACUA.org/demandaMovistarFusion (si quieres unirte, pulsa en la imagen de la derecha si navegas en versión escritorio o del final del texto si lo haces con un dispositivo móvil).
La Fiscalía se ha personado en la causa. En un escrito dirigido al Juzgado, el fiscal indica que «valora la existencia de un interés social que justifica la personación del Ministerio Fiscal, visto el número de posibles afectados y la naturaleza de la controversia». La Fiscalía actúa conforme a la potestad que le otorga el artículo 15.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la«intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios».
En los próximos días, el juez hará un llamamiento a los casi 4 millones de perjudicados a que se sumen a la causa de forma gratuita. Podrán sumarse tanto si han seguido en Movistar como si se dieron de baja como consecuencia de la subida, los usuarios podrán unirse a la causa judicial abierta por FACUA.
Los consumidores que se hayan quedado en la compañía podrán reclamar la devolución de los 5 euros mensuales en los que se ha visto incrementada su tarifa. Asimismo, FACUA indica que quienes tuvieran contratos de permanencia y se diesen de baja, podrán reclamar en los tribunales que el operador les abone los hasta 190 euros establecidos como penalización si se incumplen sus condiciones, que en aplicación del principio de reciprocidad vinculan tanto a los usuarios como a la empresa.
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