Las resistencias históricas de las pedanías de la región de El Bierzo (1ª parte)
Por Xabier Lago Mestre.
La historiografía academicista de ámbito berciano no ha concedido el protagonismo que merece el estudio de la conflictividad social en general, primando las investigaciones sobre el patrimonio arquitectónico (castillos, iglesias…) y las clases dirigentes (señores feudales, burguesía…). Lo cierto es que los sucesivos sistemas políticos y económicos de tipo señorial, liberal o franquista se basaron en la desigualdad, dando lugar a numerosos conflictos. En este caso daremos protagonismo a los llamados concejos o pedanías como estructuras de poder institucional y político en su posicionamiento frente a otros poderes superiores (señoríos laicos y eclesiásticos, ayuntamientos, gobiernos liberales, etc).
LA EDAD MEDIA.
Durante el período medieval los concejos sirvieron para organizar los habitantes de las localidades bercianas ante los poderes superiores. Así lo hicieron Los Barrios de Salas frente al obispo de Astorga ya que querían ser realengos. Pero el rey Alfonso XI emitió una carta en sentido de declararlos señoriales: “Sean tornados a don Pedro de Astorga e a sua eglesia, porque tenga los dichos lugares segun que los ovieron los otros obispos que fueron de Astorga sus antecesores (…) porque el pueda auer e tener la posesion del señorio corporal de dichos lugares” (año 1339).
Ante este sometimiento señorial de las tres localidades que componían Los Barrios de Salas, su concejo tuvo que hacer el juramento de homenaje: “Concejo y hombres buenos de los barrios de Salas, sus vasallos e guardarles sus franquezas y libertades y buenos usos, según y como sucedía en tiempo de los obispos sus antecesores (…)”.
A pesar de esta dependencia señorial, sus vecinos siguieron reclamando la defensa de sus privilegios locales: “Como no había quien administrase allí justicia, respecto de que aunque los vecinos de aquellos Varrios havian nombrado sus jueces y alcaldes, según costumbre, el señor obispo les havia privado de egercer justicia (…)” (1384).
Otros concejos bercianos también lucharon por liberarse de la dependencia señorial. Fue el caso de Villalibre de la Jurisdicción que compró su libertad al rey Felipe II o Villanueva de Valdueza que también compró su libertad pero que finalmente no pudo hacer frente a los correspondientes pagos y pasó a depender de los marqueses de Villafranca en el lsiglo XVII.
LAS RESISTENCIAS MONÁSTICAS.
Otro tanto aconteció con las revueltas acontecidas en los señoríos monásticos de Carracedo y S. Andrés de Espiñareda. En 1504 diversos concejos se rebelan contra los abusos señoriales del cenobio de Espinareda: “vecinos e procuradores de los concejos de los lugares de santa marya de tonbrio e de santa maryna de ribadesyl e del concejo de lugar de lilio (…) los vecinos de la dicha abadia que heran cotados venian a reparar al dicho monesterio e que sy hera menester alguna madera o cal o piedra para los edefiçios que los dichos vasallos la trayan dandoles de comer, pero que nunca tantas serventías se hazian nyn de tanto trabajo como agora el presidente les haze haser a los de la dicha abadia (…)”.
Por lo que toca al monasterio de Carracedo, se realizó una protesta generalizada contra la imposición de quintos y cuartos por las nuevas roturaciones de tierras, durante los años 1427-1524. Veamos algunos de los documentos conservados donde apreciamos el protagonismo de los concejos: “nos haze pagar los quartos y quintos de lo que coxemos en las rroturas de los montes brabos e concejiles de los dichos lugares (…)” . El monasterio berciano alega contra la revuelta generalizada y proclama la división entre los concejos dependientes: “que syendo como son cada logar de la dicha abadia concejo sobre sy apartados unos de otros en todo as cosas asy en pechos como en alcavalas e moxarazgos e cada logar con sus tierras sobre sy apartadas a todas las otras cosas que han de aver para cada uno ser concejo e tenyendo cada logar procurador publico sobre sy (…)”.
CONTRA LAS IMPOSICIONES REALES.
Durante la Edad Moderna los reinos peninsulares tuvieron que soportar la fuerte imposición fiscal real para mantener los intereses imperiales de los sucesivos reyes españoles. Los vasallos tuvieron que hacer frente a las imposiciones fiscales reales, señoriales y eclesiásticas.
Las resistencias locales a los pagos de impuestos se manifestaron en las demandas de privilegios locales que precisaron de una importante actividad burocrática por parte de los concejos ante la Corte. Así aconteció con la localidad de El Acebo que consiguió sus privilegios: “Es nuestra merced y voluntad que agora y de aqui adelante para siempre jamás, sean francos de pagar y que no paguen pedidos, ni monedas, ni hermandades, ni martiniegas, ni yantares, ni velas, nin rondas, ni otros qualesquier pedidos ni derramas, nin empréstitos nin repartimientos que non debian de dar y pagar, como lo que echaremos de aquí adelante, así nos, como los Reyes que después de nos vinieren para siempre jamás, (…)” (privilegio de los RRCC para El Acebo ).
Otro tanto aconteció con las demandas de privilegios colectivos por los concejos bercianos para sus vecinos a través de la concesión de hidalquías colectivas, y evitar así el pago de los impuestos reales. Así ocurrió con la Merindad de La Somoza que defendió sus privilegios de exención fiscal en 1695: “en nombre de la justicia y regimiento de la Merindad de San Cosmed de la Somoza, Provincia del Bierzo, Reyno de León (…) con motivo de ser todos los vecinos de los Pueblos que la componen y sus naturales Hijos Dalgo Notorios (…) suplicandole se sirviese SM concederles excepcion del Repartimiento de uno por ciento que se les pretende exigir para la Campaña en atencion a no haberse entender con ellos; respecto ser Hijos Dalgo, exceptuados de toda contribucion y Repartimiento (…)”.
ABUSOS DE LAS VILLAS SOBRE SUS ALDEAS.
Las villas señoriales (Vilafranca o Bembibre) o realengas (Ponferrada) tuvieron sus propias jurisdicciones sobre sus alfoces formadas por variadas aldeas. En numerosas ocasiones las villas hicieron recaer sobre sus aldeas dependientes sus abusos de todo tipo (fiscales, militares, prestaciones personales, etc). Relatamos algunos abusos de la villa de Ponferrada sobre su territorio rural:
- Intento supresión procurador de la tierra (1574), representante de las juntas de las aldeas.
- Recaudación de tributos reales o municipales.
- Construcción de obras públicas (cercas, cárcel, ayuntamiento, puentes, cuartel, iglesia…
- Obligaciones militares (levas, forrajes, granos…
- Proteccionismo económico (carne, vino, nieve…) de la villa frente a su tierra.
- Cortas de madera de los bosques de aldeas (1696), exclusividad de la devesa de El Fabeiro (1737).
- Pagos a oficiales (alguaciles, escribanos…) por las ejecuciones en la tierra (1758).
- Negación de la representación de los pueblos en las elecciones municipales (1814).
En los conflictos entre Ponferrada y sus aldeas, la primera defendió su posición centralista restando autonomía gestora de los concejos rurales sobre sus bienes colectivos, como podemos leer en un documento municipal del año 1827: “Hasta el estremo de sufrir vergonzosamente que las aldeas contiguas le usurpen su propio terreno y amenacen invadir las propiedades particulares despues de que se han hecho dueños de las comunes (…)”.
Los concejos rurales de la provincia de El Bierzo demostraron su oposición al centralismo ponferradino en la construcción de edificios públicos con financiación rural, caso de la cárcel provincial en Ponferrada en 1799. Los concejos del monasterio de Carracedo se negaron a contribuir para esa cárcel: “Esta referida jurisdicción (Carracedo) siempre tuvo y tiene su Real Carcel sita en esta villa, como su capital, en la que se han custodiado y permanecido arrestados todas las personas que por sus delitos se hicieron acreedores de ello, sin que para este efecto se hubiere molestado a otro algún pueblo (…)”.
CONTRA LAS FERRARÍAS SEÑORIALES.
Los primeros intentos industrializadores en la provincia de El Bierzo los podemos concretar en la construcción de las ferrarías señoriales. Esta estrategia precapitalista de los poderosos provocó también protestas por parte de los concejos afectados. En la concordia entre el concejo de Arnado y el señor de Láncara (1845) podemos analizar la problemática concreta: “Los vecinos de Arnado de su mano alzado se habian propasado acortando barios robles en los terminos y montes de rio Cabo, propios de su principal, en cuya vista pide se le indennice por dichos vecinos de Arnado de los daños y perjuicios causados con la corta de arboles a dicho don Apolinario su principal en bista de lo que dicho concejo y vecinos contestaron que enterados de las clausulas y condenaciones marcadas en la escritura de su fuero echa a favor de don Atanislao (sic) de Parafiel, desde esta fecha se autienen ellos y sus erederos de cometer semejantes atentados (…)”.
El compromiso entre el monasterio de San Pedro de Montes y el concejo de Santalavilla (1787) comprobamos los problemas ecológicos derivados de la existencia de la ferrería que surgen en este conflicto:“Parece ser que el concejo o parte de el, a pretexto de que, con motivo de las crecientes de aguas que descienden de las montañas en las crecidas lluvias y avenidas, suelen embarazarles las heredades fructíferas del valle de su distrito, suponiendo causas este daño el arranque de cepos de urz (…). El concejo de Santalavilla decide ceder a las pretensiones monásticas para evitar gastos a sus vecinos: «Y habiendose juntado los vecinos en forma de concejo, conociendo lo costosos de los pleitos, lo dudoso de sus fines, deseando la paz y buen armonia con que siempre se han conducido, así con este monasterio como con los pueblos inmediatos, cuyos vecinos y naturales concurren a aquellas sierras a la fabrica de carbón (…)”
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