[CRÓNICA]Pleno de implícitos (y quince abstenciones)

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A las 12, se había despejado; pero sólo era una ilusión meteorológica, en lo político quedaba mucho por aclarar. A las 9, la mañana era plomiza, agallegada, taciturna, de pocas expectativas. Monotonía de charcos enanos en el suelo de la plaza del Ayuntamiento, Tanque apurando el piti junto a dos camaradas más jóvenes y más delgados, Ángela Marqués llegando en compañía de Ruth Santín, de Ciudadanos; Santiago Macías con un look dinámico y jovial de camiseta y americana, mucho más informal que el pulcro y elegante nuevo miembro de la corporación, Álvaro Rajo Morán, cuyo nombramiento abriría la sesión plenaria de este miércoles.

Álvaro Rajo, Concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, en la sesión plenaria del 18 de julio de 2018.

Es bien sabido que el estado de las antinomias produce monstruos. En lo procedimental, no iba ser menos. Rajo cumplió con el protocolo prometiendo con tono elevado y firme cumplir y hacer cumplir el estatuto de autonomía de la comunidad. Seguidamente a tamaña loa a la herencia democrática recibida desde Alfonso IX, comenzó propiamente el pleno con los 25 encargados de hacer llevar la ley de CyL hasta el último rincón del presupuesto del municipio.

Al haber un nuevo concejal en el Equipo de Gobierno, se ha reorganizado el reparto de materias, cuestión de la que se dio cuenta al inicio. Resultó que había un error, descubierto por Samuel Folgueral, en lo relativo al cuerpo de bomberos. La Alcaldesa de Ponferrada, Gloria F. Merayo, prometió que se subsanaría y agradeció a los de U.S.E. su atención al detalle del asunto, el cual se aprobó con la mayoría simple de arrastre que tiene el triunfo del P.P., a saber: sus votos a favor y tropecientas abstenciones. En general, al principio y al final del pleno, en todo lo que fueron cuestiones sencillas, la diligencia fue máxima y intercambio de leña comedido.

 

Y empezó el tema. Ya saben, el tema. Lo del macrocontrato.

Yendo del final al principio (Ricardo Miranda, que ejerció de portavoz de los populares, anticipó el resultado de la votación a mitad del debate), lo único que quedó claro es que se aprobó con 7 votos un contrato que los propios concejales que votaron a favor consideran malo. Ponferrada en Común y Tarsicio Carballo votaron en contra. Eso fue todo lo que se expresó de frente en el pleno. El resto fueron implícitos: «la otra empresa», «lo que hemos hablado otras veces», «lo que dice el pliego», «la falta de informes contundentes», «quienes lo aprobaron»…

Del principio al final, empezó Carballo, quien había presentado un voto particular que según el P.S.O.E. no era un voto particular, sino una explicación para un voto negativo. En cualquier caso, fue algo que no pareció un voto particular merecedor de aprobación al resto de grupos. Carballo quería que se votara «no» a dar el contrato a Urbaser (la empresa con la que se aprobó finalmente contratar) basándose en que dicha empresa presentó los documentos para el concurso de forma, a su parecer, errónea y declarar el concurso desierto. Algunos de los portavoces quisieron transmitir que no era eso lo que se había sobreentendido de lo expresado por Carballo en la Junta de Portavoces previa al Pleno. Tal fue el cambio del enfoque de Carballo al llegar la mañana del miércoles que a la hora de votar el voto, Pedro Muñoz, que ya se había ufanado en dar a entender que «lo del señor Tarsicio» (como lo denominó en un momento dado la Alcaldesa) era un sinsentido, preguntó a la secretaría del pleno qué podía hacer para no figurar ni como abstencionista. Eso no era posible, pues su participación explícita en el debate no podía ser reconstruida en las actas como ausencia, ni siquiera teatralización mediante.

Al parecer de Tarsicio Carballo, Urbaser habría presentado la documentación para el concurso del macrocontrato de forma errónea. Los documentos debían haber sido hechos llegar al Ayuntamiento en tres sobres diferenciados, siendo el tercero, según la normativa, el único que debía contener, al menos explícitamente, la información relativa a la «mejora económica». La documentación de la mejora económica de Urbaser se encontraba, según Carballo, en el sobre número dos, contraviniendo así patentemente las normas del concurso. El líder del P.R.B. dijo encontrar en esta circunstancia palpables mecanismos que accionar de cara a la solución del barullo del macrocontrato excluyendo a Urbaser y declarando desierto el concurso.

En su primera intervención, Pedro Muñoz, de Coalición por El Bierzo, se refirió al asunto como «la madeja» y sugirió que fuera «quien ha hecho el enredo» quien la deshiciera. «No vamos a añadir un nudo más», aseguró entre críptico y náutico. Rosa Luna, por su parte, señaló que existen informes contradictorios, sujetos a interpretación, internos y externos; que «el pliego contiene errores insubsanables» y que ya desde 2014 se plantea aumentar la partida presupuestaria porque el servicio no responde a las necesidades de los ciudadanos. Samuel Folgueral dijo literalmente, entre otras cosas, «seguimos nadando en un mar de dudas» y «no sabemos cómo resolver esta situación».

Miguel Ángel Fernández, de Ponferrada en Común.

Llegó el turno de Olegario Ramón, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, que no se extendió mucho al relatar la situación por todos conocida: que había un requerimiento judicial que no se podía prorrogar y que no se podían buscar soluciones de última hora alejadas del criterio tomado en la Mesa de Contratación sin informes contundentes que sostuvieran dicha opción. Recordó a la Alcaldesa (y al resto de concejales) que lo que se trataba en el pleno era algo «que hemos venido hablando en conversaciones formales e informales», por lo que en cierto modo dio a entender que el Pleno de hoy era la puesta de largo de una obra con guión ya escrito. Auguró problemas en el servicio a los ciudadanos, problemas con la plantilla y problemas en la sostenibilidad económica del asunto. El del P.S.O.E., que aspira a gestionar algo más de poder que el orgánico en el próximo tramo de los 17+3 años del contrato hoy acordado, diría en su segunda intervención que habrá que seguir «esperando a que la solución nos la dé un juez». Luego habló Ricardo Miranda, en nombre del P.P., que razonó que si todos los técnicos dicen que el contrato está bien, no se puede desistir y que la solución es el contrato que finalmente se firmará con Urbaser; «¿cómo se motiva la negativa a dárselo a Urbaser?», se preguntó y preguntó el popular al Pleno en su intervención.

Miguel Ángel Fernández, que confiaba en poder forzar una votación sobre el modelo de gestión del los servicios municipales de suerte que el debate sobre la empresa concesionaria quedase en un segundo plano, trato de responder a a Miranda apelando a un voluntarismo político capaz de actuar de cara al interés público. Fernández estimó que el interés público no se reduce al dictamen estanco «de tres informes». El veterano izquierdista tiró de poética para aludir al «interés público en la percepción política de quien gobierna día a día» y, también, al sentido común al señalar que si no hay cumplimiento del servicio y no se cumple con los trabajadores, el interés público está claro que no se cumple. Fernández bramó contra lo que consideró una utilización de dinero público para solucionar los problemas de una empresa privada y calificó en términos muy negativos la relación económica del Ayuntamiento con la concesionaria. Para Tanque, el Consistorio no será capaz de salir de esta situación de embrollo porque a «quien pudo hacerlo bien, no le interesó hacerlo», por lo que es necesario asumir riesgos para no profundizar en el error. El líder de Ponferrada en Común insistió en la necesidad de votar el modelo de gestión, algo que finalmente no pudo llevarse a cabo por ser un debate de naturaleza distinta al planteado en el orden del día.

El segundo turno terminó con Ricardo Miranda, quien incidió en la necesidad de contratar con la concesionaria tal y como se planteaba hoy dado que «no ha habido posibilidad de hacer otra cosa».

La Alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, presidiendo el Pleno de la Corporación el 18 de julio de 2018.

Fue entonces el turno de la Alcaldesa, que hasta entonces solo había intervenido en calidad de Presidenta del Pleno para organizar el debate y realizar las oportunas consultas a la Secretaría del mismo. Gloria Fernández Merayo mostró su desacuerdo con quienes (ya más o menos se sabía) iban a abstenerse en la votación y con quienes iban a votar en contra, recordando que su intención había sido la de renunciar a este contrato y que la conclusión que había alcanzado era que no podía. «No es suficiente la voluntad política», dijo en dirección izquierda, «el equipo de gobierno se somete a procedimientos». La Alcaldesa, cuya propuesta prosperó porque quienes debían dar una alternativa, la oposición, optó por la abstención, leyó una cronología de los hechos que han ido ocurriendo hasta la fecha en el asunto del macrocontrato cuya nueva etapa ha culminado hoy, comenzando el 11 de octubre de 2016, cuando el Ayuntamiento recibe la primera sentencia. La de hoy, aseguró Merayo, es la consecuencia de un proceso en el que su equipo a tratado de defender los intereses de la ciudad «de la mejor manera que podamos» en un asunto que es «un problema heredado». Aun así, la Alcaldesa dijo creer que el asunto «seguirá un devenir judicial». Criticó a la oposición por «no aportar soluciones» y aludió al principio de responsabilidad al afirmar que «no nos queda más remedio».

El resultado de la votación fue el esperado: 7 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones.

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