Opinión, por Olegario Ramón.

En estos últimos días la transcripción de las intervenciones telefónicas acordadas en la operación Enredadera nos están confirmando algo que siempre se ha oído, que muchos sospechábamos pero que nunca nos lo habían espetado en los morros con tal crudeza. La credibilidad de la clase política leonesa, ya en entredicho, está por los suelos, con el riesgo sobreañadido de que el injusto manto de la generalización puede causar un daño indiscriminado si no se ponen los puntos sobre las íes con especial contundencia y se adoptan medidas drásticas con rapidez.

Los ilícitos criminales han de tener su reproche penal en sede judicial. Al propio tiempo, la legalidad de una actuación con arreglo a las compilaciones legislativas no le otorga el título de correcta ni libera de responsabilidad a quien la realiza si transgrede el umbral de lo éticamente aceptable. Si no nos esforzamos de verdad en expulsar de la vida pública a quienes actúan con la mayor de las indignidades seremos cómplices de la podredumbre que ha invadido  parte de nuestras instituciones. El abandono de un partido político por quien ha actuado indignamente puede ser un respiro para ese partido político pero no lo es para la sociedad en su conjunto. Es necesario un paso más, han de abandonar la vida pública. Como integrante del PSOE celebro las contundentes declaraciones de mi Secretario General Provincial, y estoy seguro que no mostrará tolerancia alguna con este tipo de actividades.

Que un Alcalde informe a un empresario en directo sobre cómo se está llevando a cabo la apertura de plicas para la adjudicación de un contrato en el que está francamente interesado, que un Alcalde celebre su condición de investigado en una causa criminal por hechos muy graves subiéndose el sueldo en su pequeño Ayuntamiento, que un Alcalde presuma de cumplir servilmente dando otorgando la máxima puntuación de manera reiterada a la empresa con la que ese empresario presuntamente tiene un acuerdo comercial, que se chantajee a cambio de un buen tratamiento en los medios de comunicación propiedad de ese mismo empresario, que un Consejero de la Junta de Castilla y León, autoerigido en el Rey Sol de nuestra Administración, llame personalmente a ese empresario para que se pase por las oficinas ofreciéndole llevar a cabo una obra, es indigno, impresentable, nauseabundo. Y son sólo unos pocos ejemplos de la fétida realidad que describen esas intervenciones telefónicas.

El manto de silencio en numerosos medios de prensa provinciales, la lasitud con la que se enfoca el problema por no pocos políticos, la justificación incluso de las conductas, pone de manifiesto una grave enfermedad que desalienta  a la ciudadanía en general y también a muchos de los recién llegados a la gestión de la cosa pública, que nos sentimos en muchos momentos como auténticos extraterrestres. La mayoría de las ruedas de prensa que han ofrecido los implicados en estos días deberían haber sido convocadas para anunciar dimisiones en lugar de aportar explicaciones peregrinas justificando lo injustificable. En alguna de ellas el compareciente ha amenazado incluso con acciones judiciales, en un ejemplo de desmedida autosuficiencia.

Quien quiera que haya puesto nombre a esta operación ha demostrado ingenio pues la enredadera es una planta resistente y lo va invadiendo todo. Incluso soy consciente de que hacer pública mi opinión puede generarme algún tipo de contratiempo, pero no puedo permanecer callado.  No podría mirar a mis hijos a los ojos si permanezco callado.

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