IU de Fabero presenta una moción relativa a la nacionalización del sector energético.

Izquierda Unida de Fabero ha presentado la siguiente Moción, para su discusión en el próximo Pleno municipal: La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.

Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de 2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o Enel.

Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones de euros.

Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca que el 10% de la población sufra pobreza energética.

Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética.

Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la moratoria nuclear entre otros.

No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de euros, se haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.

El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.

Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona y que favorezca la implantación progresiva de las energías renovables.

También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kW, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.

Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Fabero, adopta los siguientes acuerdos:

1º.- El Ayuntamiento/Diputación insta al Gobierno Central a aplicar al sector privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por consiguiente:

– Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial.

– Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.

– Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español.

2º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a adoptar todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.

3º – Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.

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