El delegado del Gobierno en Castilla y León ordena priorizar la tramitación de las denuncias relacionadas con la desescalada
-Se tramitarán con carácter preferente los expedientes sancionadores por denuncias realizadas con posterioridad al 26 de abril para mantener la conciencia sobre la necesidad del distanciamiento social
-Se modifica así el orden cronológico de despacho de los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores para adaptarlo a la evolución continua de las medidas adoptadas y asegurar la eficacia en la gestión de la crisis
-Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han denunciado en los últimos días diversas conductas en la Comunidad Autónoma especialmente reprobables, como reuniones de amigos en garajes o patios comunitarios, así como de personas no convivientes en la vía pública
-El número de denuncias registradas en Castilla y León alcanza las 40.000 desde el inicio del estado de alarma
La Delegación del Gobierno en Castilla y León priorizará y tramitará de manera preferente los expedientes sancionadores por denuncias relacionadas con el proceso de desescalada, es decir, las registradas a partir del día 26 de abril, a raíz de la decisión del Gobierno de permitir los desplazamientos fuera de sus hogares de la población infantil, con el objetivo de mantener la conciencia sobre la necesidad de distanciamiento social en esta fase preliminar en la que continúa la Comunidad Autónoma.
Según señala la orden firmada por el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, la medida se adopta para garantizar un progreso igual en todo el territorio de Castilla y León y asegurar el cumplimiento riguroso de las medidas contenidas en las Órdenes SND/370/2020 y SND/380/2020, habiéndose registrado en los últimos días un incremento del número de nuevos contagios en Castilla y León, lo que ha supuesto el mantenimiento en la fase 0 de la mayor parte del territorio de la Comunidad Autónoma.
El delegado considera que «se hace necesario extremar la vigilancia, dando prioridad al cumplimiento de estas nuevas medidas», y agilizando la notificación de sanciones a la ciudadanía sobre conductas «que no se corresponden con la fase de desescalada en la que nos encontramos, haciendo especial incidencia en aquellas que no sólo ponen en peligro lo conseguido hasta ahora con el confinamiento, sino que además, cuentan con evidente reprobación social».
El artículo 71.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el impulso del procedimiento, establece que: “En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia».
En el ejercicio de la facultad reconocida en ese precepto, el documento acuerda ordenar que con carácter prioritario o preferente se tramiten los expedientes sancionadores por denuncias realizadas con posterioridad al día 26 de abril de 2020, dadas las circunstancias de interés público acreditadas.
Ajustarse a la flexibilización de restricciones
El artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dispone que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
De acuerdo con lo anterior, la Delegación del Gobierno en Castilla y León se encuentra actualmente tramitando expedientes sancionadores por desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
No obstante, desde la declaración del estado de alarma se han ido sucediendo, con escaso margen de tiempo, diferentes órdenes que flexibilizan ciertas restricciones sociales y concretan en qué casos y con qué condiciones está permitida la realización de ciertas actividades, como han sido la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil, en vigor desde las 00:00 horas del 26 de abril, y la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre, en vigor desde las 00:00 horas del día 2 de mayo.
El pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de dicho objetivo, partiendo de una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, pudiendo los territorios avanzar o retroceder en las mismas.
El adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos en los que se va determinando el progresivo levantamiento de restricciones o limitaciones, resulta esencial para la minimización de riesgos en evitación de posibles repuntes.
De acuerdo con lo anterior, acreditadas razones de interés público justifican que, en atención a la finalidad de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, el orden de despacho de los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores se adapte a la evolución continua de las medidas adoptadas para asegurar la eficacia en la gestión de la crisis, modificando para ello el turno normal de despacho marcado según el orden cronológico de entrada de las denuncias.
40.000 denuncias en Castilla y León
Los últimos datos recopilados por el Ministerio del Interior, con fecha 8 de mayo, contabilizaban ya un total de 39.645 propuestas de sanción por denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Castilla y León, -7.000 nuevas en las dos semanas de inicio de desescalada-, y un total de 265 personas detenidas.
Entre las infracciones registradas en las provincias castellanas y leonesas desde el 26 de abril, -fecha en la que los datos arrojaban 32.723 denuncias y 229 detenidos-, se encuentran frecuentes propuestas de sanción a personas a las que se sorprende paseando en diferentes horarios durante el mismo día, o bien que caminaban juntas sin ser convivientes o practicaban deporte en grupo, otras sentadas en la vía pública consumiendo bebidas, en ocasiones fuera de las franjas horarias correspondientes, y algunas de ellas más allá de las 23:00 horas, horario límite para la realización de cualquier actividad.
Destacan en la provincia de Valladolid la denuncia a doce personas que se encontraban reunidas en una celebración en un patio interior comunitario, consumiendo comida y bebida.
En Zamora se sorprendió a otro grupo de amigos reunido en un garaje, y también en esta provincia, se denunció a varias personas sentadas alrededor de una mesa en la vía pública, sin guardar distancias de seguridad, que, además, menospreciaron a los agentes y se negaron a mostrar sus documentos de identificación.
En Soria se ha denunciado la organización de una fiesta con amigos en un domicilio, y en León se ha detectado a varias personas sentadas en bancos cuyos precintos, en alguna ocasión, son retirados por ellas mismas, fuera de la franja horaria permitida para la salida de adultos.
Estas mismas actitudes se han registrado y propuesto para sanción en Segovia, así como en otras provincias, además frecuentes denuncias de personas paseando juntas fuera de los supuestos permitidos.
El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, anuncia que la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será rigurosa y hace un llamamiento, una vez más, a la responsabilidad y la prudencia para conseguir entre todos el avance de nuestro territorio de la forma más rápida y uniforme posible, y recuerda que cada uno de nuestros comportamientos es clave para frenar el repunte de los contagios y para que podamos situarnos al mismo nivel de desescalada que el resto del país.
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