Los vecinos de Lillo del Bierzo denuncian que Victorino Alonso y su grupo empresarial mienten y expolian sin ningún recato
Los vecinos de Lillo del Bierzo denuncian que Victorino Alonso y su grupo empresarial mienten y expolian sin ningún recato
Los vecinos de Lillo del Bierzo denuncian que Victorino Alonso y su grupo empresarial no solo no restauró la devastación de la Gran Corta, sino que además ahora quiere apropiarse de los terrenos restaurados con dinero público y de las subvenciones públicas para que le paguemos entre todos macroparques de tecnología fotovoltaica
Los pueblos exigen a la Junta de Castilla y León que sea garante de los derechos de quienes les eligen y no de las empresas oportunistas que vienen a expoliar el patrimonio de los pueblos.
Exigen a las administraciones que obliguen al grupo empresarial de Victorino Alonso para que cumpla los contratos y acuerdos establecidos con los pueblos, tanto de los vecinos y vecinas como de las juntas vecinales de los mismos, antes de darles permiso de ningún tipo.
Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil, testaferros de Victorino Alonso, mienten. Afirman que los terrenos comprados en los años 90 fueron pagados «muy por encima de su valor de mercado», algo absolutamente falso. Además, aseguran que determinados terrenos son suyos, sin haber acordado ni delimitado con los pueblos cuáles corresponden a los vecinos y juntas vecinales.
Cuando finalizó la explotación de los terrenos “expropiados” y “comprados bajo amenaza de expropiación”, el empresario Victorino Alonso, condenado y en la cárcel actualmente, en ningún momento devolvió los terrenos a sus respectivos propietarios, que son los vecinos y vecinas de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes y sus Juntas vecinales. Por supuesto, debería haberlos devuelto restaurados, como así se había comprometido, en las mismas condiciones en las que se los apropió y de esta forma actualmente poder desarrollar en ellos, al menos, las mismas actividades que se realizaban anteriormente: cultivo de cereales y pastos de ganado. O destinarlas a otras, si así lo deciden sus respectivos dueños.
Lejos de cumplir los acuerdos establecidos los vecinos y vecinas de estos pueblos se enteran a través de la prensa, que testaferros de Victorino Alonso quieren adueñarse de los terrenos para montar un macroproyecto de placas solares, subvencionado públicamente, aprovechándose de las ayudas del Estado y la Unión Europea. En vez de tener energía fotovoltaica comunitaria, de forma cooperativa, como se quiere hacer a través de la comunidad energética de Lillo del Bierzo y como se reivindicó en la macromanifestación de Ponferrada el domingo 22 de octubre, siendo autogestionada por el propio pueblo, resulta que se encuentran con estas cadenas de “macroempresas buitres”, con ramificaciones de filiales extractivas por toda la cuenca Fabero Sil, Ponferrada y Bembibre, La Recuelga (Santa Cruz del Sil) y Alinos (Toreno), que vienen a re-explotar en el siglo XXI lo que ya fue expoliado en el siglo XX con el carbón.
Mienten igualmente estas “empresas oportunistas” al afirmar que son terrenos adquiridos legalmente. ¿Cómo es posible que las administraciones públicas hayan permitido que estas “empresas buitre”, testaferros de Victorino Alonso, hayan inscrito recientemente la titularidad de esos terrenos en el Registro de la Propiedad, sin haber cumplido previamente los acuerdos y contratos con los pueblos, vulnerando así sus derechos y su patrimonio? Esto es un robo organizado y planificado de la propiedad de los vecinos y vecinas y los pueblos, con alevosía y nocturnidad, porque nadie de los pueblos se enteró de esto hasta que no ha salido ahora en prensa.
La Junta de Castilla y León en vez de defender a los pueblos, a sus vecinos y legítimos propietarios, inscriben esos terrenos a nombre de esas “empresas oportunistas”. ¿No es la responsabilidad de quienes nos representan y gestionan lo público defender a los pueblos y su patrimonio? ¿O sus intereses están más bien alineados con los intereses y beneficios privados del grupo empresarial de Victorino Alonso? Los pueblos exigen a la Junta de Castilla y León que sea garante de los derechos de quienes les eligen y no de las empresas que vienen de fuera a expoliar el patrimonio de los pueblos.
¿Cómo es posible que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León haya anunciado la solicitud de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de las infraestructuras de tecnología fotovoltaica solicitada por la Distribuidora Eléctrica del Sil S.L., sin haber exigido previamente que se cumplan los acuerdos y contratos firmados con los interesados y haber contado antes con ellos?
Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil, testaferros de Victorino Alonso, afirman que solo algunos contratos incluyeron cláusula de reversión. ¿Por qué no se han revertido, pues? Es más, convierten a las víctimas en culpables: Afirman que perder los terrenos es responsabilidad de los vecinos por no haber reclamado la devolución. Mienten de nuevo. Los vecinos y vecinas se han visto obligados a acudir al Defensor del Pueblo, a la Junta de Castilla y León y a todas las instancias administrativas para exigir que se cumplieran los acuerdos y contratos establecidos con los pueblos y juntas vecinales de devolución de los terrenos. Incluso el Defensor del Pueblo lo ha admitido a trámite y está estudiando la reclamación unánime de los pueblos.
Además, afirman que ningún antiguo propietario ha solicitado a la empresa la devolución. ¿Cómo iban a solicitar a ninguna empresa si nadie sabía que se había apropiado de esos terrenos una empresa fantasma de Victorino Alonso? Si es que Victorino Alonso tiene un entramado de “empresas fantasma” que nadie sabe quiénes las gestionan y quiénes son los dueños, ni siquiera se sabe la dirección de las mismas para poder hacerles llegar ningún escrito. Por eso se ha acudido a las administraciones públicas donde se ha reclamado y hay constancia de dichas reclamaciones.
Pero, además, lo que se ha pedido no es la devolución de los terrenos arrasados que dejó tras de sí Victorino Alonso por toda la Gran Corta: escombreras, suelo degradado y barrancos impracticables. Lo que se exige es la devolución de esos terrenos restaurados, como se está haciendo ahora con dinero público de los impuestos de todos y todas. Fue Victorino Alonso el que no restauró los terrenos de la Gran Corta y a quien no se le obligó a restaurar y ahora, tras 37 millones de euros de inversión pública (buena parte destinado a pagar el alquiler de las máquinas de Victorino Alonso). Y ahora estas empresas oportunistas se las quieren apropiar para hacer macroparques fotovoltaicos, para “encima” recibir más subvenciones públicas. Son parásitos de lo público.
Es el descaro y el atropello más flagrante que se ha visto en el Bierzo. Y es indignante que, tras la macromanifestación del 22 donde se reclamó y se reclama que la energía sea controlada por los propios pueblos y comunidades, que ahora vengan a volver a expropiar lo expropiado ya y con dinero público de nuestros impuestos.
Por eso los vecinos y vecinas afectados han formulado las alegaciones planteando que pasan por fincas y terrenos propiedad de los vecinos y vecinas correspondientes y de las Juntas Vecinales de ambos pueblos, exigiendo que se paralicen dichas infraestructuras hasta que se cumpla lo establecido en los acuerdos y contratos previos. Por lo que ante todo esos terrenos deben revertir a sus anteriores propietarios (particulares y Juntas Vecinales) y estos, en todo caso, dar o no el consentimiento o la autorización para realizar dichas instalaciones.
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