Vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes denuncian el chantaje de la empresa Promining que insiste en apropiarse de los bienes privados y comunes
Vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes denuncian el chantaje de la empresa Promining que insiste en apropiarse de los bienes privados y comunes
Los interesados exigen que se devuelvan automáticamente todos los terrenos que tienen cláusula de reversión y no admiten el nuevo chantaje de esta empresa. Terrenos de quienes firmaron los contratos o de sus causa-habientes (herederos) y cuya documentación de propiedad se presentó cuando se firmaron los contratos y sirvieron como acreditación de dicha propiedad, que cuando se cedieron en su momento fue para la extracción del carbón y para ningún otro fin.
La empresa Promining S.A. ha enviado una carta al Ayuntamiento de Fabero (y no a los interesados) en la que hacen en la primera hoja todo un panegírico del empresario “ejemplar” Victorino Alonso, según esta empresa, por su generosidad que dió “multimillonarios ingresos” (sic) a los propietarios de los terrenos y las juntas vecinales, “la infinidad de favores” que hizo o los “miles de puestos de trabajo generados”. No hacen referencia a los beneficios obtenidos por los millones de toneladas de carbón extraídas por los trabajadores de Fabero y la cuenca. Es más, dicen que el pobre Victorino Alonso “perdió todo su patrimonio por una decisión política”, aunque no aclaran cuál fue esa decisión ni quién la tomó.
Sin embargo, la realidad fue otra. Bajo presión y amenaza de expropiación los vecinos de Lillo y Otero se vieron obligados a “vender” sus terrenos hace ya más de 25 años al “empresario” Victorino Alonso para la extracción del carbón a cielo abierto de la Gran Corta. Era la época en que el carbón era considerado un producto estratégico nacional, además se presionaba con que había en juego puestos de trabajo (amenazando con cerrar las minas de interior si no se les concedían los terrenos). Todo para conseguir mayores beneficios al menor coste posible, aunque arrasara el medio ambiente.
En este contexto, se firmaron acuerdos con este empresario en los que se estipulaba una cláusula de reversión, entendida por todos los firmantes como una devolución automática de los terrenos una vez pasados 25 años y restaurados los mismos a su estado original.
A pesar de que fue un acuerdo ilegal y en fraude de ley. Porque Victorino Alonso impuso la condición de 25 años, cuando el Código Civil establece que “en caso de estipulación -como así fue-, el plazo no podrá exceder de diez años” (art 1508 del Código Civil). Todos los terrenos de los vecinos y vecinas y de las juntas vecinales deberían haber sido reintegrados diez años después de los acuerdos firmados. Algo que supuso de hecho que Victorino Alonso los siguiera explotando y aprovechando de forma ilegal y beneficiándose de ellos sin que revirtiera ningún beneficio en los propietarios de los mismos.
Lo sorprendente es que en vez de cumplir lo estipulado legalmente, Victorino Alonso se lo ha vendido a esta empresa que ahora opera para adueñarse ilícitamente de fincas y terrenos de los pueblos con el silencio de las administraciones regionales y la Junta de Castilla y León. Parece que se quieren apropiar de los terrenos inmatriculándolos a su nombre (como hace la iglesia cuando inmatricula a su nombre bienes comunes), y exigiendo a los legítimos dueños que aporten pruebas de su propiedad, que ya las aportaron cuando firmaron los acuerdos hace más de 25 años.
Esta empresa Promining S.A. se arroga ahora una nueva potestad: establecer plazos a las administraciones de los ayuntamientos y las juntas vecinales, así como a los vecinos, para que presenten pruebas de que son propietarios de esos bienes que se han autoasignado. Les dan un mes para ello. A Sancedo y Arganza les dieron quince días. Esta empresa particular se arroga así la potestad de chantajear con plazos como si se creyera una administración pública que estableciera periodos para optar a una subvención o a una ayuda.
Lo que debieron hacer en su momento es exigir a Victorino Alonso que les presentara pruebas de que era el propietario de aquello que supuestamente les ha vendido. Porque Victorino Alonso sabía de sobra que esas fincas y terrenos tenían que ser devueltas. Si él les estafó, que le pidan cuentas a él. Pero lo que hacen, después de todas estas ilegalidades, es poner la “carga de la prueba” en las víctimas de todo este expolio. Y les exigen a ellas que de nuevo demuestren que son dueños.
Por eso los vecinos de Lillo y Otero llevaron esta denuncia al Defensor del Pueblo, que fue admitida a trámite, y ha enviado a la Junta para que ampare a los interesados ante este expolio.
En definitiva, lo que se está comprobando en el Bierzo es que estas empresas Promining, Geninvest, Comile, etc., tienen un plan (como se está viendo también en Sancedo, Arganza y otras zonas) de re-expoliar los territorios, quedándose con los terrenos para instalar macroparques fotovoltaicos para que, nuevamente, a costa del erario público enriquecerse aún más.
Los pueblos no estamos dispuestos a este nuevo expolio. Por eso los vecinos y juntas vecinales de Lillo y Otero se movilizaron y ya enviaron escritos a la empresa reclamando su derecho de reversión de la propiedad de las fincas usurpadas, tal como figura en los contratos. Esto es lo que debe aplicarse: la devolución inmediata de todos los terrenos con cláusula de reversión. Sin más dilación.
Y exigimos a la Junta de Castilla y León que deje de defender los intereses de Victorino Alonso y, antes de darles permiso de ningún tipo para esas explotaciones de macroparques fotovoltaicos, represente realmente a la población amparando los intereses de los vecinos y vecinas de Lillo, Otero, Sancedo, Arganza y las población que próximamente serán objeto de nuevos expolios por parte de estas compañías oportunistas y de sus macroproyectos que expolian el territorio rural y el patrimonio de los pueblos y los vecinos.
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