Desarticulado un grupo organizado que habría estafado más de 50 millones de euros a unas 50.000 personas en todo el mundo

Al menos 6.000 de esas víctimas residen en España

Las víctimas eran captadas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas y se las ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red

La empresa estafadora pagaría a las víctimas inversoras en una moneda virtual inventada que realmente no tenía valor alguno y que imposibilitaba recuperar sus inversiones

La Policía Nacional ha detenido a 20 personas: dos en  Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, una persona en Langreo, dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife (Las Palmas)

En los cinco registros realizados se han intervenido 18 equipos informáticos: portátiles, discos duros y CPUs, 3 tablets; numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales;15.505 euros y dos vehículos de alta gama

Además, se ha bloqueado una cuenta en Letonia con más de 5 millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las «estafas piramidales». El grupo habría obtenido más de 50 millones de euros a través de estafas a unas 50.000 personas, 6.000 de ellas ubicadas en España. Tras más de año y medio de investigación, los agentes pudieron constatar la existencia una empresa que captaba a sus víctimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas y se las ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red. Dinero que era convertido por la empresa estafadora en una moneda virtual inventada, que realmente no tenía valor alguno, y que imposibilitaba así recuperar sus inversiones.

La investigación de la Policía Nacional se inició hace algo más de año y medio gracias a la denuncia de un antiguo trabajador de la empresa, presentada en la Agregaduría de Interior en Bolivia, y al análisis de las denuncias interpuestas en distintos puntos de España por expertos policiales en fraude financiero y blanqueo de capitales. En total, hay 20 personas detenidas: dos en  Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, una persona en Langreo, dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife (Las Palmas). Además, se han realizado cinco registros en los que se han intervenido 18 equipos informáticos: portátiles, discos duros, CPUs y tablets; numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales; 15.505 euros y dos vehículos de alta gama.

Paralelamente, se ha bloqueado una cuenta bancaria en Letonia con más de 5 millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos, procedente todo ello de la estafa investigada.

Víctimas captadas en charlas y actos publicitarios en hoteles

Los miembros de esta organización habían creado una amplia red de clientes/víctimas que habían captado a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteles de lujo con todo tipo de gastos pagados, videos promocionales o charlas formativas. Su objetivo era  atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso, ya sea principal o extra en su economía y conseguir el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible.

Estos ingresos surgen de la compra de los packs que la empresa ofrece, y por los que comenzarán, en teoría, a tener beneficios de forma rápida, con el simple hecho de insertar una serie de anuncios de la compañía en la red. Las ganancias conseguidas irían en proporción directa al pack contratado. Los referidos packs ofrecen una rentabilidad muy grande, por ejemplo, con una inversión de 18.000 mil dólares americanos se podían llegar a conseguir unos beneficios anuales de 67.600 dólares, prorrateados en pagas semanales de 1300 dólares cada una.

Ante esta elevada rentabilidad, las víctimas no dudaban en invertir en la compañía, convenciendo a la vez, a amigos y familiares para que hicieran lo mismo, con lo que el número de afectados se incrementa de forma exponencial.

Una falsa moneda virtual

Posteriormente, la compañía decide convertir todo el dinero que las víctimas tienen acumulado en sus respectivos back-office, -y que se encontraba en dólares americanos-, en una moneda virtual inventada por la empresa y que sería como las víctimas recibirían el pago a sus servicios.

Esta nueva moneda no tiene valor alguno, ni está integrada en el tráfico monetario ni mercantil habitual, por lo que, las víctimas, ven cómo sus dólares han sido transformados en algo inservible, y sin posibilidad alguna de recuperarlos, a no ser que consigan ser ellos mismos quienes a través del endose a nuevas víctimas, consigan que éstos les paguen en moneda real, que a partir de ese momento, sería la única forma que tendrán de recuperar sus inversiones. Lo que supone un sistema muy efectivo para la empresa, ya que el dinero en dólares realmente no sale de sus arcas, simplemente cambia la titularidad de la persona que lo ha aportado.

Ese dinero se encuentra colocado en diferentes cuentas situadas en países calificados como paraísos fiscales, o con grandes beneficios fiscales. El volumen final de la estafa podría ascender a unos 50.000.000 euros, con un número de víctimas que podría oscilar en torno a las 50.000 personas a nivel mundial.

La operación ha sido realizada de forma conjunta por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía Andalucía Occidental y agentes especializados de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial adscritos al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC); en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, Valencia, Asturias y Canarias; y de las comisarías de Alicante, Vélez-Málaga, Fuengirola, Elche, Denia, Arrecife y Langreo. La investigación, impulsada desde el inicio por el Juzgado de Instrucción número dieciséis de Sevilla, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.