El Grupo Popular presenta una Proposición de Ley que promueve el blindaje de la caza en Castilla y León

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición de Ley, que ha contado con el apoyo de los grupos Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés, que promueve el blindaje de la caza en Castilla y León.

El objetivo principal que persigue el Grupo Parlamentario Popular con la presentación de esta Proposición de Ley es asegurar en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética mediante la constatación por Ley, en el marco de la normativa europea, nacional y de la Comunidad, de las especies cinegéticas que den garantía a la caza, y ello mediante la reforma de la Ley de Caza de Castilla y León a través de una Proposición de Ley.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León ha acordado suspender, de forma provisional, el Decreto 10/2018 por el que se regula la actividad cinegética de Castilla y León.

El partido animalista PACMA recurrió en su día ese Decreto y, simultáneamente, solicitó del TSJ que, de forma cautelar, hasta el momento de dictar sentencia se paralizase la aplicación del Decreto por los perjuicios que podría causar a la fauna salvaje su aplicación durante dicho periodo.

La Sala no dicta sentencia, sino que se limita a resolver, por medio de auto, la medida cautelar solicitada y entiende que no se puede aplicar el Decreto antes de dictar sentencia, acogiendo la tesis del PACMA al estimar que es un interés más necesitado de protección el de la conservación de la fauna silvestre que los daños a los intereses generales y de terceros, que reconoce se pueden producir por la suspensión acordada.

El Grupo Popular considera que Castilla y León no puede prescindir de la caza. Además de su componente cultural y tradicional, al margen de ser un recurso económico muy importante tanto para los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, en su mayoría administraciones locales como Ayuntamientos y Juntas Vecinales con cuyos recursos financian servicios públicos, que se verían mermados en su financiación, y también para distintos sectores económicos de hostelería y servicios en el medio rural que giran en torno a dicha actividad, y por tanto es empleo y fijación de población, la caza es un medio imprescindible para contribuir al control sanitario de la fauna salvaje, y por ende de la sanidad de la cabaña ganadera, e indirectamente de las personas. También lo es para reducir riesgos a la seguridad vial y la protección de la vida e integridad de los conductores y pasajeros de vehículos en nuestras carreteras. La caza es esencial para el propio control poblacional de las especies que es garantía de su estado de conservación favorable, así como para mantener las especies más vulnerables cuyo hábitat y desarrollo se vería comprometido por la competencia en el medio de una fauna descontrolada.

Por ello, el Grupo Popular considera que la Junta de Castilla y León siempre ha hecho una gestión responsable de sus competencias en materia de caza, que han sido limitando el número de ejemplares cazables por los titulares de esos aprovechamientos, los titulares de los cotos de caza, en atención a los informes técnicos, para que se garantice la sostenibilidad de las especies. Una caza responsable y sostenible que ha garantizando que dicha actividad haya sido un instrumento equilibrado al servicio, fundamentalmente, de un control poblacional imprescindible para mantener las poblaciones de fauna silvestre en un estado de conservación favorable. Esto está avalado por los resultados, por los informes técnicos y por informes ajenos a la Junta de Castilla y León.

Hay que recordar que las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado día 19 de diciembre de 2018, con una sola abstención, una Proposición No de Ley considerando la importancia de la caza para los intereses de Castilla y León.

Es por ello que, el Grupo Popular, apoyado por los grupos Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés solicitan que se asegure en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética mediante la presentación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición de Ley que traslade a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León las especies cinegéticas, permitiendo dar garantía a la caza con el revestimiento legal.

Con ello se pretende, conforme a lo establecido en las Directivas europeas, traspuestas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, asentar con rango de Ley las especies definidas como cinegéticas, declarando como tales aquellas que, no encontrándose en ninguno de los supuestos de protección estricta conforme a la normativa comunitaria, estatal y autonómica, y que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, puedan soportar una extracción de ejemplares ordenada y controlada administrativamente, así como un régimen complementario de protección de estas especies que garantice que el ejercicio de la caza no comprometa el estado de conservación de las mismas en su área de distribución, en el marco de un Plan General de Caza, en el que se establezcan limitaciones adicionales, que contemplen las peculiaridades comarcales, las medidas necesarias que deriven de las variaciones climáticas temporales o la evolución local de determinadas especies.