FACUA reclama la devolución de decenas de millones cobrados de más por los nuevos contadores de la luz
Las eléctricas aplican una tarifa por el alquiler de los equipos de medida que la ley sólo permite si están integrados en un sistema de telegestión. La asociación ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España por irregularidades en las tarifas aplicadas en el alquiler de los nuevos contadores.
La asociación reclama a las autoridades competentes que impongan a las eléctricas la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más a los usuarios al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión.
Las compañías están cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) euros que según la normativa sólo puede aplicarse si los equipos ofrecen unas prestaciones de las que en la actualidad carecen. La cuota es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA).
A final de 2014, el Ministerio de Industria prevé que habrá ya 9,5 millones de nuevos contadores instalados, el 35% del total. Partiendo de esta cifra, FACUA alerta de que las eléctricas facturarían ilegalmente a los usuarios nada menos que 37,24 millones de euros anuales.
Cada usuario afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto.
No cumplen los requisitos de la legislación eléctrica
La legislación del sector eléctrico obliga al sector a sustituir todos los contadores con potencia contratada de hasta 15 kW por equipos que «deberán estar integrados en un sistema de telegestión y telemedida implantado por el encargado de la lectura correspondiente» (artículo 9.8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto).
FACUA advierte de que los millones de contadores que se han sustituido hasta la fecha no cumplen los requisitos obligatorios de integración en el sistema que deben permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo. Datos que les facilitarían adoptar medidas para un gasto más eficiente y derivarían en una reducción de sus facturas.
Sin embargo, las eléctricas están facturando a los usuarios la tarifa por el alquiler de los nuevos contadores que según la normativa sólo puede aplicarse si cumplen los requisitos de integración en el sistema de telegestión y telemedida.
Trato discriminatorio frente a los usuarios con los antiguos contadores
Con ello, en los hogares donde se han instalado los nuevos equipos de medida, los usuarios están sufriendo un trato discriminatorio con respecto a los que siguen contando con los antiguos, al pagar una tarifa muy superior sin que ello implique el acceso a servicios adicionales.
FACUA señala en sus denuncias que estas prácticas rompen el principio de no discriminación establecido en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La normativa comunitaria ha sido traspueta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, cuyo artículo 44.i impone el derecho de los usuarios a «ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios».
Cláusula abusiva
Al cobrar un alquiler más caro por los nuevos equipos instalados pese a no estar integrados en el sistema por parte de las distribuidoras, FACUA considera que las eléctricas incurren en una cláusula abusiva.
La asociación apela al artículo 87.5 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera abusiva cualquier estipulación «que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos».
CNMC, Aecosan y autoridades autonómicas de consumo
Las denuncias han sido presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas.
Las empresas denunciadas por FACUA son Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico Distribución (EDP HC Energía) y E.On Distribución.
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