Herrera considera de estricta justicia reclamar un modelo de financiación que contemple las especificidades de Castilla y León
El presidente de la Junta de Castilla y León ha clausurado hoy el Curso de Verano ‘Empleo, progreso y sostenibilidad en la España Rural’, que se ha celebrado estos días en la Ciudad de la Educación San Gabriel, en Aranda de Duero, Burgos.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha abogado hoy por un nuevo modelo de financiación autonómica más justo y que asuma las especificidades objetivas de la Comunidad, que están contempladas en el propio Estatuto. Así, ha defendido la necesidad de ponderar los factores de baja densidad, dispersión y envejecimiento de la población; considerar la extensión territorial para las inversiones del Estado o incorporar criterios de equilibrio y cohesión para las zonas más desfavorecidas. Todas ellas son “reclamaciones de estricta justicia, que Castilla y León defenderá en la futura reforma de la financiación autonómica y para las que su Gobierno buscará una posición de comunidad con el conjunto de las fuerzas políticas”, ha asegurado el presidente de la Junta durante la clausura del Curso de Verano ‘Empleo, progreso y sostenibilidad en la España Rural’, que se ha celebrado estos días en Aranda de Duero.
En su intervención, titulada ‘España y Castilla y León ante el reto del futuro’, Herrera ha recordado que la Comunidad es la más extensa de España, que cuenta con 2.248 municipios, el 28 % del total, y que su población se caracteriza por su dispersión y baja densidad en el territorio, así como por su elevada tasa de envejecimiento. Asimismo, destaca el importante peso del sector primario sobre el total de las actividades productivas, todo lo cual confirma el notable protagonismo que el medio rural tiene en Castilla y León. En este sentido, ha destacado que “una de las más importantes prioridades que todo gobernante de esta tierra debe asumir es la de preservar su mundo rural, generando alternativas de vida en el mismo”.
Así, ha recordado que esta prioridad figuraba en el reciente discurso de investidura a través de cuatro grandes bloques: en primer lugar, la creación de riqueza y empleo; en segundo lugar, la garantía de los servicios públicos en el territorio; en tercer lugar, la construcción de la Comunidad a través de su ordenación territorial y, en cuarto, la regeneración de la calidad de la política.
Dentro del primero de estos bloques, el presidente de la Junta ha puesto de manifiesto que la agricultura, la ganadería y la agroindustria tienen una importancia social y económica de primer orden en la Comunidad. Esto se refleja, por ejemplo, en una mayor capacidad de resistencia a la crisis. Así, entre 2010-2014, la producción final agraria creció un 5 % y, con todavía altas cifras de desempleo global, la tasa de paro agrario se sitúa 15 puntos por debajo de la media nacional.
Para favorecer su crecimiento y competitividad, uno de los objetivos primordiales de esta Legislatura será desarrollar la nueva Estrategia Agrohorizonte 2020, que dispondrá de alrededor de 10.000 millones de euros hasta ese año para impulsar los siete sectores prioritarios que define y que están vinculados a las áreas productivas más destacadas de la Comunidad. En ella se integran las cinco herramientas principales de apoyo al sector primario: la nueva PAC, fruto de la negociación con Europa; el nuevo Programa de Desarrollo Rural; la Estrategia “Futura Alimenta” de apoyo a las industrias agroalimentarias; el Plan de Acción para las Cooperativas Agrarias y la consensuada Ley Agraria de Castilla y León, como marco normativo global de estas políticas.
El fin de todo ello, según ha destacado el presidente, es dar apoyo suficiente a las personas que viven en el mundo rural, promoviendo la labor de las mujeres rurales y sus proyectos emprendedores, y facilitando la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, con el fin de incrementar su número en 5.000 para 2020. Así como seguir avanzando en el desarrollo del sector agrario y agroalimentario con la modernización de 7.500 explotaciones y la actuación en 60.000 Has. de regadío.
Financiación suficiente
En el segundo eje, sobre la garantía de los servicios públicos en el territorio, el presidente de la Junta ha resaltado que Castilla y León cuenta con una completa red de servicios públicos en el territorio, con 3.652 consultorios locales, lo que representa el 36 % del total nacional y 695 centros educativos en el medio rural, donde también se ubican casi las 2/3 partes de los Centros de Acción Social y de las plazas residenciales para personas mayores. Mantener adecuadamente esta red de servicios es una de las principales prioridades políticas de Castilla y León, para lo que el presidente ha recordado la necesidad de contar con recursos suficientes que atiendan el distinto coste que tiene prestar dichos servicios en cada lugar.
En relación al tercer eje, sobre la ordenación del territorio, Herrera ha insistido en que en Castilla y León no sobra ningún pueblo y que cualquier propuesta contraria a ello “estará atacando de manera muy directa lo que somos, lo que sentimos lo que nos define como Comunidad”. Entre los retos que la Junta de Castilla y León tiene por delante figura la búsqueda del mismo consenso social y político obtenido hasta ahora para establecer las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios Rurales, que serán la referencia para los municipios que decidan asociarse en mancomunidades de interés general, así como para definir las Áreas Funcionales Estratégicas que permitirán actuar sobre las zonas de Castilla y León afectadas por mayores problemas económicos o demográficos. Según ha explicado el presidente, para ellas se impulsarán programas específicos de desarrollo financiados con cargo al Fondo Autonómico de Compensación Territorial, cuyos criterios se consensuarán en el Plan Plurianual de Convergencia Interior.
Por último, y en relación a la mejora de la calidad de la política, el presidente de la Junta ha definido a los más de 12.000 concejales que trabajan en Castilla y León por el mundo local como auténticas “escuelas de democracia y ejemplos de participación directa”, y ha recordado que el Estatuto de Autonomía define a los municipios como “las instituciones de participación más directa de los ciudadanos en los asuntos públicos”.
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Pero ke va a reclamar ese gañan lo de la ayuda ke davan a las casas rurales cuantas casas de esas kedan en realidad la gente utilizo eso para hacer sus casas particulares