La jueza Pilar de Lara se incorpora mañana en Ponferrada tras su suspensión de 7 meses y un día

La jueza Pilar de Lara se incorpora este martes en un juzgado ponferradino proveniente de Lugo.

Pilar de Lara llega a la capital berciana tras pasar por una sanción de 7 meses y un día ya que fue acusada de alargar casos judiciales indebidamente, sentencia confirmada por el Pleno del Órgano de gobierno de los jueces.

Desde el juzgado número 1 de Lugo la jueza ha llevado casos tan mediáticos como la ‘operación Carioca’, relacionada con redes de explotación sexual, pero también varias causas vinculadas a la corrupción política como el ‘caso Pokemon’, el ‘Garañón’ o la ‘operación Pulpo’. Macrocasos que han acumulado más de 200 investigados y que han salpicado a políticos gallegos como José Ramón Gómez Besteiro, Ángel Currás o José López Orozco.

La historia de De Lara se remonta al año 2018, que fue cuando se le incoó un expediente como consecuencia de una inspección extraordinaria que llevaron a cabo varios miembros del CGPJ en mayo de ese mismo año. Esta visita determinó que la magistrada acumulaba retrasos injustificados en la instrucción de causas penales y que, al mismo tiempo, generaba aumentos ficticios de su volumen de trabajo, según explicó en su día el propio CGPJ. Además, el órgano enumeró a través de más de 100 irregularidades los motivos por los que el juzgado lucense funcionaba de tal forma que vulneraba los derechos de los administrados.

La magistrada, nacida en Cartagena en 1971, acumuló hasta nueve macrocausas al mismo tiempo, lo que se traduce en 200 investigados. Ante las dilaciones de las que la acusaron, ella aseguró que carecía de medios suficientes para desempeñar con eficacia su trabajo. Además, denunció la presión de personas influyentes como políticos u otros juristas que llegaron a coaccionarla para que abandonara su puesto en Lugo. Además, la jueza publicó en el mes de febrero en su cuenta de Facebook que soportó amenazas, insultos y descalificaciones a través de un foro administrado por una asociación de guardias civiles.

A esto se añade que la relación entre la Fiscalía y De Lara no fue buena. Es más, el fiscal propuso repartir la Pokémon en 32 piezas y enviarlas a las diez ciudades gallegas afectadas, algo que rechazó la magistrada desde un primer momento.