Liberados dos niños que permanecían secuestrados por una organización que coaccionaba a sus madres a ejercer la prostitución

Agentes de la Policía Nacional han liberado a dos menores que habían sido secuestrados por una organización criminal dedicada a traer a mujeres jóvenes desde Nigeria e introducirlas ilegalmente en España para su explotación sexual. Los dos niños, de unos tres años, eran retenidos para doblegar la voluntad de sus madres, mantenerlas en el ejercicio de la prostitución y garantizar así el pago de la supuesta deuda contraída con la organización. Los menores presentaban un evidente grado de desnutrición cuando fueron rescatados por los agentes, además de un nulo aseo personal. Los investigadores pudieron comprobar que los niños permanecían encerrados en habitaciones separadas, en un domicilio de Valmojado (Toledo), en ocasiones amordazados y atados a la cama, soportando vejaciones y humillaciones por parte de sus captores, quienes llegaron a suministrarles tranquilizantes o somníferos para facilitar su inmovilización y control. Hay tres personas detenidas, miembros de la red de trata de mujeres y responsables de custodiar a los menores para doblegar la voluntad de sus madres.

Explotadas por la propia organización o vendidas a proxenetas

Las investigaciones comenzaron a principios de este año al localizar a una joven nigeriana dedicada al ejercicio de la prostitución en la zona portuaria de Vigo que, aparentemente, estaba siendo explotada por alguna de estas redes. Tras ser liberada por la Policía y recibir la asistencia y protección previstas en el Protocolo Marco de Protección de Víctimas del Delito de Trata de Seres Humanos y, la joven decidió relatar lo ocurrido a los agentes.

Gracias a esa información, la Policía Nacional detectó la existencia de una organización criminal integrada por ciudadanos nigerianos y dedicada a la introducción ilegal de mujeres de su misma nacionalidad en España para su explotación sexual por la propia organización o por otros proxenetas a los que eran vendidas. La organización estaba perfectamente estructurada y sus miembros tenían funciones claramente definidas, organizándose en torno a dos núcleos básicos asentados en Marruecos y en España, con un responsable al frente de cada uno de ellos.

Desde su captación hasta que finalmente llegaban a España, las mujeres iban acumulando una elevada deuda con la organización que debían pagar ejerciendo la prostitución para ellos hasta saldarla por completo. Con el fin de doblegar su voluntad e impedir que huyeran o denunciasen su situación ante la Policía, las jóvenes eran amenazadas constantemente, tanto a ellas como sus familiares, llegando en alguna ocasión a secuestrar a sus hijos como garantía de pago.

Un largo viaje para ser prostituidas

La organización estaba liderada por un matrimonio de origen nigeriano y dos hermanos de la mujer, que se encargaban de la introducción clandestina de las mujeres en territorio europeo para ser explotadas sexualmente en beneficio de la propia organización o para venderlas a otros proxenetas, tanto en España como en otros países de la Unión Europea. Además, contaban con colaboradores que se encargaban de la fase previa de captación de las víctimas y su traslado hasta la península.

Las mujeres, jóvenes nigerianas, eran captadas mediante engaño, -con falsas ofertas de trabajo o abusando de su situación de necesidad-. Cuando las víctimas aceptaban dichas ofertas, comenzaba un penoso y largo viaje terrestre por el continente africano que podía durar más de un año, hasta llegar a Marruecos donde permanecían ocultas hasta su traslado definitivo a la península española en patera.

Durante el tiempo que duraba el viaje, las mujeres eran sometidas mediante amenazas constantes a la voluntad de la organización, con el fin de cobrar la exorbitante deuda contraída por los gastos derivados del viaje.

Las investigaciones hicieron posible identificar a los dos máximos responsables de la organización, de origen nigeriano. Uno de ellos se encontraba en Marruecos y su misión consistía en supervisar todo el traslado de las mujeres desde su país de origen hasta Marruecos, así como de proporcionar un lugar donde mantenerlas ocultas hasta su embarque definitivo en una patera hacia España. Junto a él, una mujer, que residía en España, era la encargada de recibir a las mujeres tras su paso por los Centros de Internamiento de Extranjeros, y explotarlas sexualmente para la organización o, en su caso, de venderlas a otros explotadores o “madames” también nigerianas ajenos al grupo.

La Policía Nacional centró sus investigaciones en torno a esta mujer, que residía en la localidad toledana de Valmojado, junto con su pareja sentimental y los hijos de ambos. Allí vivían además otros dos niños de corta edad sin relación o parentesco aparente con ellos.

Los hijos como garantía de pago

Con la preceptiva autorización judicial, la Policía Nacional procedió al registro de dicho domicilio, localizando en su interior a dos niños, de unos 3 años de edad, encerrados en habitaciones separadas. Los agentes pudieron comprobar que los pequeños eran los hijos de dos jóvenes mujeres nigerianas que estaban siendo explotadas por la organización.

Las investigaciones han permitido concluir que la responsable de la organización en España, bajo al falsa apariencia de ejercer como cuidadora de los menores, los mantenía encerrados en su domicilio, con la colaboración y connivencia de su pareja sentimental, con la única finalidad de mantener a las madres sometidas y obligarlas a ejercer la prostitución. Los pequeños eran la garantía de que las mujeres saldarían contraída ejerciendo la prostitución y de que en ningún momento tratarían de huir de la misma.

Cuando los agentes pudieron acceder a las habitaciones donde se encontraban los niños, cuyas puertas estaban bloqueadas con colchones y muebles, apreciaron un comportamiento totalmente anómalo en los pequeños, teniendo en cuenta su corta edad y lo excepcional de la situación, mostrándose totalmente abúlicos e indiferentes, además de presentar un evidente grado de desnutrición y un descuido absoluto en su aseo personal, por lo que inmediatamente fueron trasladados a un centro hospitalario para su reconocimiento por personal sanitario adecuado a su edad. Los pequeños han sido puestos a disposición de una asociación de protección al menor.

La operación, en la que han participado el Grupo II de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las UCRIF de Toledo y Vigo, se ha saldado con la detención de tres ciudadanos de origen nigeriano. Además se ha logrado liberar a cinco víctimas de esta organización que se encontraban en las localidades de Córdoba, Vigo y Valmojado (Toledo).

#CONTRALATRATA

Esta operación se enmarca dentro del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha en abril por la Dirección General de la Policía y que ha permitido, hasta el momento, la detención de 626 personas vinculadas a estas redes en las 186 operaciones policiales desarrolladas contra este delito. El 25% de los detenidos, pertenecientes a las redes de trata de mujeres, son de nacionalidad española, un 23% son de origen rumano y un 13% son naturales de Nigeria. Este plan pretende reforzar la prevención y promover la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de actuaciones y no ser cómplice con la explotación de mujeres.

Además, el plan potencia la detección, protección y asistencia a las víctimas. Desde su puesta en marcha, los agentes han detectado a casi 12.000 víctimas (11.943) que están siendo explotadas, 170 de ellas han sido acogidas o asistidas por ONGs o instituciones de ayuda y protección. Paralelamente, 104 mujeres han sido declaradas testigos protegidos.

Las actuaciones policiales han permitido también intervenir en este periodo casi 9 millones de euros en las investigaciones patrimoniales paralelas efectuadas.

Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional ha habilitado un teléfono gratuito atendido las 24 horas por policías especializados de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos -900.10.50.90- y un correo electrónico – trata@policia.es – que preservan la confidencialidad de sus usuarios, y cuyo objetivo es la colaboración ciudadana y la denuncia de las víctimas. En estos ocho meses se han recibido 992 comunicaciones, atendidas tanto vía telefónica como por email, que han posibilitado la apertura de 164 investigaciones contra la trata de mujeres, seis de ellas ya finalizadas.

Además, la Policía ha puesto en marcha un hashtag #contralatrata dentro de la campaña de difusión en redes sociales, para buscar una mayor implicación del ciudadano contra este delito y la sensibilización de la sociedad frente a esta lacra.