Teleperformance solicita elevar la causa a la Audiencia Nacional
Teleperformance considera que el tribunal ponferradino no es competente para llevar esta causa.
La jueza da un plazo de 5 días a la parte demandada para que aporte pruebas documentales para elevar la causa a la Audiencia Nacional.
La CGT continúa defendido que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuesta unilateralmente.
Tras el juicio celebrado ayer miércoles con motivo de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la jueza solicita a Teleperformance que aporte pruebas
documentales para elevar la causa a la Audiencia Nacional en un plazo de cinco días.
Las pruebas aportadas y el testimonio por la parte demandada no han convencido a la jueza que ha estimado solicitar más información para obedecer las peticiones de la empresa. Teleperformance Ponferrada, ha manifestado que el tribunal local no es competente para juzgar estos hechos, puesto que, supuestamente, la plataforma sevillana ha sufrido la misma modificación. Debido a que la causa afectaría a trabajadores de diferentes comunidades autónomas, Teleperformance solicita trasladar la causa al tribunal correspondiente, en este caso la Audiencia Nacional.
El Comité de Empresa, como acusación, ha presentado diferentes pruebas ante el tribunal defendiendo que este nuevo sistema de incentivos supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y no se han seguido los cauces legales para su implantación. La parte actora ha contado con el testimonio de una trabajadora y delegada sindical electa, que ha respondido a las cuestiones de los letrados de ambas partes. La testigo de la acusación ha explicado las diferencias entre un sistema de incentivos y otro, aclarando que, pese a que los planes se actualizan mensualmente acorde a las necesidades de la campaña, la fórmula para el cálculo de los incentivos no había cambiado en los últimos años hasta el mes de mayo, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El Comité de Empresa, entre otros documentos, ha aportado la resolución de la denuncia interpuesta en mayo ante Inspección de Trabajo, la cual manifiesta que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sancionando a Teleperformance.
Por otro lado, la testigo de Teleperformance también ha contestado a las preguntas de los abogados de ambas partes, defendiendo la postura corporativa sin añadir valor a las pruebas documentales.
Las diferencias fundamentales entre el sistema de incentivos anterior y el actual son: en el anterior, por cada objetivo cumplido el trabajador optaba a un bono pagado en euros con requisitos de acceso como el no absentismo. En el actual no hay bonos, se cobra por llamada atendida, los resultados de los objetivos hacen variar (para bien y para mal) los importes obtenidos en cuanto al total de llamadas. El requisito en este nuevo sistema establece un mínimo de llamadas a la hora, que se calcula según el tiempo efectivo de trabajo, es decir, desde que comienza la jornada hasta que finaliza. Durante este tiempo no se tienen en cuenta que hay labores que implican no atender llamadas como pueden ser funciones de apoyo, desvirtuando la media.
Las diferencias entre un sistema y otro no son el objeto a juzgar, sino las prácticas de la empresa a la hora de implantarlo, en sustitución al anterior. Es por esto que tiene tanta importancia considerar este cambio como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, concepto amparada por el estatuto de los trabajadores que
cuenta con unos procedimientos de aplicación concretos y de obligado cumplimiento.
El Comité de Empresa no está de acuerdo con la afirmación de la empresa en cuanto a la situación de sus compañeros de Sevilla, no teniendo constancia del estado en que se encuentran en materia de incentivos. Desde la CGT defendemos que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo tal y como ha corroborado Inspección de Trabajo y deducimos, por las prácticas que lleva a cabo Teleperformance desde el inicio, que el objetivo de la empresa es retrasar el proceso judicial. Consideramos que los motivos de la empresa son continuar con las políticas de precarización de la situación laboral de los trabajadores del sector del contact center.
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